El Ministerio Público ejecutó 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago como parte de una ofensiva contra una estructura delictiva que repartía sobornos para asegurar contratos de seguridad privada en instituciones del Estado.
La acción fue encabezada por la Pepca y la Dirección de Persecución. Se investiga el uso de pagos ilegales para manipular procesos de contratación pública.






