El Ministerio Público identificó a varios altos oficiales y funcionarios civiles como imputados por recibir millonarios sobornos a cambio de contratos de seguridad en instituciones estatales.
Entre los señalados se encuentran el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur; los coroneles Andrés Pacheco Varela (FARD), director de seguridad de Edenorte; Luis Ernesto Vicioso Bocio, jefe de seguridad de Edeeste; Francisco Guarín Fernández, encargado de seguridad y del Comité de Compras del Inaipi; y Elías Caamaño Pérez, del Senasa.
También figuran el coronel de la FARD Yorbyn Eduardo E. Aybar; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el coronel policial Ramón Quezada Ortiz; y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal, funcionario de Edenorte.
De acuerdo con la acusación, en Edenorte se detectaron pagos ilícitos desde 2020 hasta 2025. Específicamente, se señala que Fernández Espinal, director de Seguridad Física, habría recibido RD$35,319,179.54 en sobornos, dinero que fue transferido a cuentas personales, de su esposa y de otros familiares.
Estas revelaciones forman parte del expediente de la Operación Lobo, mediante la cual las autoridades buscan desarticular esta presunta red de corrupción.
