En caso de que el propietario de una vivienda o inmueble comercial desaloje a un inquilino sin seguir el trámite judicial correspondiente, enfrentará penas de prisión que podrían oscilar entre tres y cinco años.
Así lo establece un informe elaborado por una comisión especial dirigida por el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz. Este informe fue emitido tras el estudio, realizado por la comisión, del proyecto de ley sobre alquileres de bienes inmuebles y desahucios, propuesto por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
El documento ahora debe ser debatido en una de las próximas sesiones de la Cámara Baja, donde los diputados decidirán, mediante sus votos, si aprueban o rechazan la iniciativa legislativa.
De acuerdo con el artículo 51 del informe sobre el proyecto de ley, aquellos propietarios, arrendadores o abogados que lleven a cabo un desalojo sin cumplir con los requisitos judiciales establecidos, serán sancionados con penas de prisión de tres a cinco años, además de una multa que podría variar entre los 10 y los 20 salarios mínimos del sector público.
