El nuevo Código Penal aprobado por el Congreso introduce la figura del “ultraje a funcionarios públicos”, que castiga con hasta un año de prisión y multa a quienes ofendan la dignidad de un servidor público, aunque el acto no sea público.
El artículo 310 penaliza desde palabras amenazantes hasta gestos o imágenes “contrarios a la dignidad” del cargo.
Esta medida ha generado preocupación entre sectores que la consideran un riesgo para la libertad de expresión, incluso en contextos privados.
El Código Penal penaliza las ofensas privadas a funcionarios
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