San Salvador. – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, salió este domingo al paso de las críticas internacionales tras la aprobación de una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, desestimando que se trate de una amenaza para la democracia.
En una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Bukele argumentó que “el 90 % de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de Gobierno, y nadie se inmuta”, sugiriendo que el rechazo a la medida se debe a que proviene de un país “pequeño y pobre”.
📝 Reforma exprés
La reforma fue aprobada el pasado jueves por la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, mediante un procedimiento calificado por analistas como exprés. Además de permitir la reelección indefinida, la enmienda extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral, un mecanismo clave para garantizar mayor legitimidad democrática en procesos cerrados.
⚖️ Críticas desde organismos internacionales
La decisión ha generado una oleada de reacciones adversas por parte de organismos internacionales de derechos humanos, juristas y sectores de la oposición salvadoreña, que advierten sobre un retroceso democrático. La reforma, según sus críticos, concentra aún más el poder en manos del Ejecutivo y debilita los contrapesos institucionales.
🌐 Comparaciones con otros países
En su defensa, Bukele recurrió a comparaciones con otras democracias donde la reelección indefinida es legal, como Alemania o Canadá, países que cuentan con sistemas parlamentarios. Sin embargo, expertos advierten que el contexto institucional y el nivel de consolidación democrática no son comparables con el caso salvadoreño.
📊 Alta popularidad, pero señales de autoritarismo
Aunque goza de altos niveles de aprobación popular, Bukele ha sido señalado por organismos internacionales por su tendencia a acumular poder. La reciente reforma se suma a una serie de decisiones polémicas, como la destitución de magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general en 2021, y la militarización del Congreso en 2020.
